Para el agua, el nuevo aumento y según voceros de la principal operadora, superaría el 50%, lo que acumula más del 100% para el año, sumando los aumentos ya ejecutados en enero y mayo.

Por su parte, en el caso del suministro eléctrico el nuevo aumento reclamado por las prestadoras oscila entre el 31 y 34%, al margen de la quita del subsidio nacional. Además, algo que han solicitado es realizar revisión trimestral de la tarifa por la situación inflacionaria.

Durante su exposición, el referente del Partido Obrero, enfatizó: “El rechazo a estos nuevos aumentos y modificaciones en las cláusulas, para la periodicidad de los mismos, es que las dificultades económicas no pueden ser trasladadas al bolsillo de las familias, que están pagando con la pérdida de poder adquisitivo e incluso, los mendocinos, tiene que hacerse cargo de las consecuencias de una inflación imparable”.

Además, el dirigente, criticó duramente la cláusula de “solidaridad” de la provincia con las prestadoras energéticas, impuesta por el gobierno de Alberto Fernández, la cual fue incorporada al presupuesto nacional. La misma establece que si las empresas que prestan los servicios no pagan la millonaria deuda que mantiene con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (cammesa), la provincia será responsable teniendo que responder con los fondos de coparticipación que le corresponden.

 
“Lo que pretende el Gobierno Nacional es un insulto a la población que sufre los efectos de la inflación, desempleo y pérdida de poder adquisitivo. El Gobierno Nacional se desvive por garantizar la rentabilidad de la empresa que no paga. Pero a los usuarios que adeudan les cortan la luz, lo que significa una reducción drástica de sus condiciones de vida. Lo que correspondería es que el estado garantice que en ningún hogar de la provincia falte la energía eléctrica”, expuso da Vila.
También, destacó: “No se puede manejar servicios esenciales para la vida como el acceso al agua y la energía eléctrica con criterios de libre mercado. Donde se prioriza la rentabilidad de un grupo reducido por sobre las condiciones de vida de la inmensa mayoría del pueblo”.
Acerca de la situación financiera de ambas prestadoras, el dirigente de izquierda, solicitó “que se abran los libros contables de las empresas para que la población pueda tener acceso a la situación financiera de las empresas”.
Esto, según lo comentado por da Vila, responde a que “La ciudadanía tampoco conoce cuál es la verdadera situación financiera de las prestadoras, pues se han desligado de gran parte de sus obligaciones como son la extensión de las redes y su mantención. Incluso cuentan con cargos adicionales para `ampliación de la red´ en el caso del agua y para la energía eléctrica las prestadoras reclaman un cargo especial para cubrir los daños generados por vandalismo”.

 
“Las prestadoras siguen aumentando y solicitando más aumentos, pero después en verano la población sigue sufriendo de cortes en los servicios. La culpa de esos cortes nunca es de las empresas que no hacen mantenimientos, refacciones o invierten en mejoras, porque, al igual que los aumentos, se traslada a los usuarios”, finalizó el referente del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.