En el día de hoy los ex legisladores Víctor da Vila (FIT-MC), Lautaro Jiménez (FIT-MC), Marcelo Romano (PV-MC) y Jorge Difonso (UM) presentaron una denuncia contra la Ministra de Energía y Ambiente Dra. Jimena Latorre por  incompatibilidad y conflicto de intereses respecto a la tarea que desarrolla como funcionaria del estado. Es ministra de Energía y Ambiente y directora de YPF donde cobra  70 millones mensuales. 

Al momento de hacer la denuncia Víctor da Vila, uno de los denunciantes, declaró que “al mismo tiempo que desarrolla tareas como responsable de la cartera de Ambiente y Energía fue designada directora de  la petrolera YPF, que es quien abona su sueldo, porque desempeña su tarea como ministra Ad Honorem. YPF le paga por esta tarea a Latorre 70 millones mensuales.  Así surge claramente que los intereses de una cartera están atados al desarrollo de una empresa y al beneficio empresarial”. 

La denuncia fue presentada en la Oficina de Ética Pública y solicita a este organismo que determine la responsabilidad de la funcionaria respecto a del art. 7, inciso 1 de la ley provincial 8.993 e  incumplimientos de la excusación establecida por el decreto 282/24, hecho por el que la funcionaria podría ser denunciada ante la Justicia Federal por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas” conforme artículo 265 del Código Penal.

Se trata de un caso gravísimo, sin antecedentes equiparables en la historia política reciente, al punto que es muy difícil encontrar precedentes nacionales o internacionales de un Ministerio de Ambiente puesto bajo la órbita del Directorio de la principal empresa petrolera que opera en la región. Cornejo y Latorre buscan crear una nueva doctrina en la que las áreas petroleras se concesionan junto a los ministerios encargados de la gestión energética y de protección ambiental.

Continuó da Vila “el ejercicio parcial de sus funciones -en favor de la empresa y en perjuicio de la provincia- es tan grosero, que si bien la Ministra Latorre se había comprometido a no intervenir en los temas relacionados con YPF S.A., apareció 48hs después en los comunicados oficiales recibiendo al Presidente de la empresa petrolera en la Casa de Gobierno y anunciando junto al Gobernador su apoyo al plan de desprendimiento de las áreas maduras y la paralización de las operaciones en los pozos, suspendiendo a miles de obreros en sus empleos”. 

  La Dra Latorre está de los dos lados del mostrador, pero defiende un sólo interés: el de la sociedad anónima que le paga su multimillonaria mensualidad.

Además da Vila hizo una denuncia pública contra Paola Verasay quien es diputada nacional por la UCR mendocina y funge al mismo tiempo funciones en el directorio de YPF, una situación similar a la de Latorre. Una funcionaria que no desprecia los beneficios de la petrolera similares a los de Latorre sino que tampoco lo hace con los de la legislatura nacional. 

Para Mendoza, el impacto negativo del «plan andes» de YPF S.A. es todavía difícil de conmensurar y dependerá en gran medida de los controles estatales en las tareas de cierre de pozos y remediación ambiental. Más allá de los resultados que tenga la operación de venta que busca llevar adelante YPF S.A., lo cierto es que la firma lo lleva adelante al mismo tiempo que paralizó los trabajos en los pozos. La extracción de crudo se frena y por lo tanto las regalías van cayendo en picada a pesar de que YPF había firmado compromisos de inversión a cambio de que la provincia le reduzca los porcentajes. El año pasado las regalías habían aportado 134 millones de dólares al estado provincial, permitir una reducción de la actividad y la recaudación por un lock out patronal de YPF en un contexto de caída en la recaudación por la crisis económica y de las transferencias nacionales de recursos por el ajuste de Milei, es gravísimo. YPF podría haber procedido con las negociaciones de traspaso, manteniendo, optimizando y aumentando su productividad, haciendo más atractiva la oferta de sus activos. No lo hicieron porque simplemente buscan concentrar todos sus recursos en la explotación de Vaca Muerta y la exportación, externalizando sus costos. Ningún saqueo de semejante magnitud, ninguna devastación social, económica y ambiental como la que está llevando adelante de YPF bajo las órdenes de Paolo Rocca y Javier Milei, puede pasar impunemente sin jugosas inversiones en corrupción de autoridades políticas como Cornejo y Latorre, comprando su silencio y complicidad frente a los perjucios que le están provocando a Mendoza y los intereses públicos que habían jurado defender como funcionarios. Esperamos que tanto la Oficina de Ética Pública como el poder judicial pongan un freno a esta página negra de la política provincial. Y llamamos a todo el pueblo de Mendoza y a los trabajadores petroleros de YPF a construir un plan de lucha para frenar el remate y la privatización de los activos estratégicos de la empresa petrolera y de nuestros bienes comunes.